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Ministerio Público/VTV
11 Febrero 2007, 10:47 AM
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El fiscal general de la República, Isaías Rodríguez, informó que un grupo de fiscales adscritos a la Dirección de Protección Integral de la Familia, dirigen activamente las investigaciones de los casos de pornografía infantil, denunciados, en varios estados del país, para determinar las responsabilidades penales correspondientes.
Rodríguez acotó que, aunque los casos de pornografía infantil que se investigan, forman parte de una materia muy delicada y reservada que imposibilita ofrecer información detallada de los avances obtenidos, puesto que sus víctimas son niños, niñas y adolescentes, aseguró que se adelantan una serie de diligencias, de las cuales se desprenden posibles vinculaciones con redes internacionales.
Señaló además que el Ministerio Público, a través de la Dirección de Protección Integral de la Familia, trabaja en coordinación con el Ministerio de Educación, los Concejos de Protección del Niño y el Adolescente y los directores de los planteles educativos, con la finalidad de ejecutar acciones conjuntas para avanzar en las investigaciones que se realizan, y delinear políticas que posibiliten abordar, integralmente, este grave problema.
El Fiscal General mencionó al Distrito Capital, Carabobo, Táchira y Zulia como los estados en los cuales existen investigaciones vinculadas a la pornografía infantil.
Agregó que, en el estado Táchira ya existe un imputado por el Ministerio Público que se encuentra a la espera de que el Tribunal 3º de Control, fije la audiencia preliminar respectiva. La acusación contra el ciudadano José Gregorio Márquez Pernía fue presentada el pasado 31 de enero de 2007, por la presunta comisión de los delitos de explotación sexual y tentativa de explotación sexual, establecido en el artículo 258 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y Adolescente, y actos lascivos agravados, tipificado en el artículo 376 del Código Penal.
Fiscalías con competencia especializada Igualmente, el máximo titular del Ministerio Público informó sobre un proyecto piloto que adelanta el Ministerio Público, en los estados Carabobo, Zulia, Táchira y el Distrito Capital, asignar competencia especializada a un grupo de despachos fiscales en las materias de violencia intrafamiliar, mala praxis médica, y robo y hurto de vehículos, cuya finalidad es fortalecer la capacidad de respuesta de la institución a los ciudadanos. “Lo que queremos lograr es una mayor eficiencia y eficacia en los casos relacionados con estas materias específicas”, dijo Rodríguez.
“La formación de fiscales con estas competencias especializadas ayudará, en gran medida, a dar respuesta oportuna y cubrir la cadena de consecuencias que producen los hechos punibles”. Indicó que con este proyecto se busca adecuar el Ministerio Público a las nuevas realidades.
En el caso específico de las fiscalías de violencia intrafamiliar, Isaías Rodríguez explicó que “existe un mecanismo de intermediación de las partes, no se pasa inmediatamente a la investigación de los hechos, pero hay una conciencia que hay que cambiar en la mujer, en el hombre y en la sociedad para que se entienda que eso es un delito, no un percance y eso pervierte nuestra actitud ante la sociedad. Este será el tema de la segunda fase de la campaña institucional educativa que ofrecerá el Ministerio Público este año.”
En cuanto al acto de inauguración de la nueva sede del Ministerio Público en el estado Vargas, realizado en horas de la mañana de este sábado 10 de febrero, y que originó estas declaraciones del Fiscal Rodríguez ante los representantes de medios de comunicación social asistentes, refirió que la misma cuenta con 1.400 metros cuadrados de construcción en cuatro plantas donde funcionarán 11 despachos fiscales; una Oficina de Atención a la Víctima; una Oficina de Atención al Ciudadano, fiscales de transición y el Fiscal Superior del estado, presta desde ya a atender a toda la población varguense.
Apuntó Isaías Rodríguez que en todas las sedes del Ministerio Público de los estados existe una Oficina de Atención a la Víctima pero en aras de ofrecer un mejor servicio y descongestionar esas oficinas de la cantidad de casos recibidos y que no son competencia de la Institución, surgió la Oficina de Atención al Ciudadano, la cual permite al usuario tener orientación y asesoría de los problemas planteados.
En virtud de ello, el Fiscal General aspira tener igual número de Oficinas de Atención al Ciudadano en todas las sedes del Ministerio Público del país. En la actualidad están en funcionamiento ocho.
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