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El Ministerio Público acusó a siete integrantes, entre ellos el gerente y administrador de la Cooperativa Línea Futura R.L, con sede en el estado Aragua, por haber recibido sin basamento legal cantidades de dinero de cerca de 16 mil personas, con la promesa de obtener rendimientos de interés muy superiores a los ofertados por la banca comercial, actividad iniciada a partir de agosto de 2003.
En el escrito introducido en el Circuito Judicial Penal de Aragua, los fiscales 57° nacional, 9° y 21° y su auxiliar de esa jurisdicción, Luis Abelardo Velásquez, María Castillo, Gladys Valera y Lisbeth Abreu, respectivamente, se presentó la acusación por la presunta comisión de los delitos de captación indebida de fondos, estafa y asociación para delinquir, previstos en la Ley General de Bancos, Código Penal y Contra la Delincuencia Organizada.
La acusación fue presentada contra los integrantes de la cooperativa, Jesús Mago Paraguán, Migdalia Paraguán de Mago, Félix Mago Paraguán, Carolin Camperos, Migdalia Mago Paraguán, Esther Verastegui (gerente) y Néstor Magdaleno (administrador), a los que el Ministerio Público solicitó les fuese dictada medida privativa de libertad.
La investigación se inició por denuncia del presidente de la Asociación de Usuarios de Servicios de Venezuela (Asuserbanc), por presuntas irregularidades de la precitada cooperativa.
Luego de allanamientos practicados a las distintas sedes de la Cooperativa y de las múltiples entrevistas y experticias, se determinó que los miembros de la cooperativa empezaron sus operaciones recibiendo cantidades de dinero del público, bajo la figura de la empresa Futura Line International C.A., formada en el año 2003, la cual fue clausurada por la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (Sudeban).
Los ahora acusados constituyeron la cooperativa mencionada en el año 2005, en la que captaron fondos de cerca de 16 mil personas con la promesa de obtener rendimientos de intereses muy superiores a los ofertados por la banca comercial.
El modus operandi era la recepción de inversiones inicialmente establecidas en 120 mil bolívares para la época y por cada afiliación, lo que se traducía al cabo del plazo convenido en más de un millón de bolívares por cada inversionista.
Igualmente, la cooperativa otorgó créditos remunerados a particulares, bajo la figura de micro créditos, y credirápidos con el cobro de una taza de interés del 26%.
Estas dos actividades, es decir, la captación de fondos y el otorgamiento de créditos, requiere de la autorización de la Sudeban, por lo que al no tenerse la misma se convierte en una intermediación financiera ilícita.
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