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Prensa Web RNV/Agencias
10 Marzo 2010, 01:37 PM
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El Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (Indepabis) aplicó medida de ocupación temporal por 90 días al central azucarero Santa Clara, en el estado Yaracuy, por los delitos de boicot y sabotaje.
Así lo informó este martes la coordinadora del Indepabis en la entidad, Yolimar Vanegas, después de efectuar una inspección y aplicar la medida, junto con funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).
En el procedimiento también estuvieron presentes el presidente del Consejo Legislativo de esta entidad centrooccidental, Henrys Mogollón, y la diputada Shirley Romero.
De acuerdo a informacion también reseñada por la Agencia Bolivariana de Noticias, Vanegas explicó que “luego de la inspección realizada, pudimos constatar que, en efecto, el central tiene paralizado su molino, cuando debió arrancar con el proceso de molienda el pasado 15 de enero”.
Asimismo, precisó que, a propósito de la paralización de la molienda, gran cantidad de cañicultores podrían perder sus cosechas.
Por ello dijo:“Vemos que existe gran cantidad de camiones cargados de caña para ser arrimadas al central y éste no ha iniciado la molienda que debió arrancar el pasado 15 de enero. Esta situación le acarrea serias pérdidas a los cañicultores que tienen preparada su caña para ser procesada y podrían perderla si no llegan a molerla”.
Enfatizó que, una vez aplicada la ocupación temporal por 90 días, conforme a lo establecido en la ley del Indepabis, los propietarios del central azucarero tendrán ese lapso de tres meses para presentar sus alegatos y defensa.
Garantizó además el pago de sueldos, salarios y beneficios laborales a los más de 500 trabajadores que cumplen funciones dentro del central, inmediatamente se haga efectiva la medida.
Por su parte, el diputado Mogollón calificó de positiva la acción y aseveró que “desde hoy (martes) se comienza a hacer justicia, tanto con los productores de caña yaracuyanos, que no son tomados en cuenta por la junta directiva del central, como con los trabajadores del mismo, cuyos derechos laborales han sido totalmente vulnerados”.
Aseveró que “los propietarios del central sólo tienen al mismo para el lavado de dinero, porque no cumplen ni con sus trabajadores, ni con la labor social que como empresa deben cumplir en el país. Sólo le dan prioridad a la caña de centrales extranjeros y no a los cañicultores nuestros, así como tampoco llevan el azúcar a la Corporación de Abastecimiento y Servicios Agrícolas (Casa)”.
Asimismo, el secretario de Finanzas del Sindicato de Trabajadores del central, José Carrasco, precisó que “tenemos cuatro años luchando para que más de 200 trabajadores sean reenganchados. Para ello el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y el Tribunal Contencioso del estado Carabobo emitieron un fallo a favor de nuestras peticiones y, sin embargo, la directiva del central ha hecho caso omiso a las mismas”.
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