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Prensa Web RNV / Ministerio Público
2 Agosto 2009, 04:15 PM
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La Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, propuso regular la libertad de expresión en Venezuela por considerar que en nombre de este derecho se está atentando contra la seguridad de la Nación, de los ciudadanos, la moral pública e instituciones del Estado.
La consideración la realizó este jueves ante la Asamblea Nacional, donde acudió a fin de entregar propuestas para la Ley de Delitos Mediáticos que actualmente redactan los diputados que integran la Comisión de Medios del Parlamento.
Aclaró que con dicha propuesta no está sugiriendo limitar la libertad de expresión sino regularla, "porque tú puedes expresar libremente todo lo que consideres, pero esa libertad no puede vulnerar el derecho de los demás, no puede atentar contra el Estado, no puede atentar contra las personas, no puede atentar contra la salud de las personas, contra la moral pública", enfatizó Ortega Díaz.
Aseguró que en Venezuela estamos en un estado de derecho, donde se tienen que regular todas las conductas de las personas en sociedad. Advirtió que no hay un sólo país en el mundo en el que no esté regulada la conducta.
"No estamos vulnerando la libertad de expresión, por el contrario, estamos impulsando y promoviendo la libertad de expresión sana, cierta, que llegue a todos los ciudadanos y que no atente contra los ciudadanos", dijo la Fiscal General de la República.
En su intervención ante la plenaria de la Asamblea Nacional consideró necesario que se legisle sobre esta materia y que el Estado venezolano regule la libertad de expresión.
"Es necesario que el Estado venezolano regule la libertad de expresión. Nosotros no estamos planteando que se vulnere la libertad de expresión.
Consideramos que en un estado democrático, social, de justicia y de derecho como el nuestro, se respeta la libertad de expresión y consideramos que se debe seguir impulsando y respetando esa libertad de expresión, pero en el marco de nuestro derecho, del derecho de todos los venezolanos. Pidió que se le ponga un limite a ese derecho", recalcó la jefa del Ministerio Público.
Nuevas formas de criminalidad
En relación con los medios manifestó que no pueden ser utilizados para cometer hechos punibles ni para coadyuvar en la comisión de éstos. "No pueden generar intranquilidad ni alteración a la paz social o el orden público, no pueden generar un clima de inseguridad ni generar, a través de la noticia, la sensación de impunidad; por el contrario, los medios deben cumplir una función educativa, así lo establece la Constitución", explicó Ortega Díaz.
Explicó que la regulación de la actividad de los medios de comunicación está establecida hasta en predios internacionales, pues la Organización de las Naciones Unidas considera que los medios deben colaborar con el Estado en la prevención del delito y la educación.
"Ahora la realidad social y jurídica venezolana, el manejo por parte de los medios de comunicación de determinadas noticias y la utilización de los mismo para la defensa de los intereses de un grupo en detrimento de los derechos de un colectivo, advierte la amenaza de nuevas formas de criminalidad, capaces de alterar la salud mental, debilitar, atentar o enervar fundamentos de la seguridad", indicó la Fiscal General.
Ortega Díaz señaló que ante estas nuevas formas de criminalidad que puedan cometerse a través de los medios de comunicación, el Estado tiene la obligación de prevenir y actuar en dichos casos a través de la sanción de leyes penales que regulen las referidas conductas, para afrontar las nuevas formas de delito.
"Es necesario regular la actividad de los medios y brindarle una protección apropiada a los ciudadanos, y ojo con esto: los ciudadanos lucen indefensos ante el uso irracional del poder que ostentan los medios de comunicación social", detalló.
Para la Fiscal General el avance de la sociedad plantea que el derecho penal dé una respuesta a las nuevas formas y dimensiones de la delincuencia, mediante la redacción de leyes opcionales. "Por ejemplo, si nosotros observamos lo que sucedió en Venezuela, en el año 1994 cuando la crisis financiera, el Estado se vio en la necesidad de legislar en esa materia y surgió la Ley de Delitos Bancarios".
Ortega Díaz afirmó que actualmente existe la necesidad de abordar las nuevas formas de criminalidad que han surgido como consecuencia del ejercicio abusivo de la libertad de expresión, derecho que es utilizado por los propietarios de los medios de comunicación social "para la perpetración de delitos que lesionan bienes jurídicos, tanto individuales como colectivos, por lo que es necesario legislar sobre esta materia", acotó.
Señaló que la libertad de expresión no puede ni debe ser entendida como la posibilidad de que se transmitan, a través de un medio de comunicación, mensajes de odio, se induzca a la guerra o se cometa un delito, y que no exista una sanción ante tales situaciones.
Dijo que ante esta situación, el Estado no puede avalar ni hacerse cómplice de que los medios de comunicación no tengan un límite al difundir cierto tipo de informaciones, puesto que ello atenta contra la seguridad de la nación.
Resaltó que en la Constitución se encuentra establecido que todos los venezolanos son corresponsables en la seguridad de la nación. "En consecuencia, toda expresión que busque debilitar la Fuerza Armada y los órganos de seguridad ciudadana, como elementos de seguridad de la Nación, pueden igualmente producir responsabilidades legales".
Cortesía YVKE Mundial
Protección para los periodistas
Ante este panorama, la Fiscal General propuso ante al parlamento castigar las acciones u omisiones desplegadas a través de los medios de comunicación que constituyan delitos, con el propósito de lograr el equilibrio y la armonía entre la libertad de expresión y el derecho a la información oportuna, veraz e imparcial y el derecho a la seguridad interna de los ciudadanos.
"En segundo término, que se incluya una norma que le brinde protección a los periodistas frente a los dueños de medios de comunicación, para evitar que los propietarios de los medios les obliguen o les impongan escribir o decir hechos que no les consta o que no están ocurriendo", propuesta que mereció varios aplausos entre los parlamentarios.
Asimismo, consideró que debe castigarse aquellas conductas que atenten contra la paz social, la seguridad e independencia de la Nación, el orden público, la estabilidad de las instituciones del Estado, la salud mental, la moral pública y que generen un clima de impunidad o de inseguridad y que sean cometidas a través de un medio de comunicación social.
Entre las propuestas, solicitó que se castiguen a los propietarios de los medios de comunicación que divulguen falsas noticias para producir una grave alteración a la tranquilidad pública, que causen pánico en la población o produzcan un perjuicio a los intereses del Estado.
"Que se castiguen a las personas o a dueños de medios que manipulen, tergiversen la noticia con el propósito de trasmitir una falsa percepción de los hechos o crear una matriz de opinión en la sociedad para alterar la paz social, la seguridad de la nación, el orden público, la salud mental o la moral pública".
Igualmente, sugirió que se castigue a los propietarios, gerentes o responsables de los medios de comunicación que empleen éste medio para amenazar, intimidar coaccionar o de cualquier otra manera infundir un temor en la población. "Que se castigue cuando un medio de comunicación realice publicaciones o transmisiones destinadas a promover el odio, la hostilidad respecto a las personas, colectividades o instituciones en razón de su raza, sexo religión, nacionalidad e ideología o militancia política".
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Foto: ABN
